La relación entre Colombia y Ecuador se tensó tras la decisión del Gobierno ecuatoriano de aumentar en un 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), elevando el costo de US$3 a US$30 por barril.

 

La medida se suma al arancel del 30 % que Ecuador impuso a las importaciones colombianas, al argumentar una supuesta falta de cooperación en seguridad fronteriza. Desde Bogotá, la canciller Rosa Villavicencio calificó la decisión como sorpresiva y recordó los avances conjuntos en materia de lucha contra el crimen en la frontera.

 

En respuesta, Colombia aplicó un arancel adicional del 30 % a cerca de 20 productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica al país vecino, según confirmó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

 

El Gobierno colombiano rechazó la tarifa energética por considerarla arbitraria y anunció que buscará salidas diplomáticas, aunque hasta ahora no hay confirmación de Ecuador para abrir un diálogo formal.