Se trata de la Ley 2450 de 2025, conocida como Ley Antiruido, una norma que busca reducir el exceso de sonido en zonas residenciales y comerciales, y garantizar el derecho al descanso y a un ambiente sano.

 

La legislación fija reglas claras sobre los niveles máximos de ruido permitidos en actividades urbanas y comunitarias. El objetivo principal es proteger la calidad de vida de los ciudadanos frente a situaciones recurrentes como fiestas ruidosas, establecimientos con música a alto volumen o vehículos con equipos de sonido que superen los límites establecidos.

 

La norma fortalece las facultades de la Policía Nacional y de las autoridades territoriales, que ahora podrán intervenir con mayor respaldo jurídico cuando se excedan los niveles de ruido en viviendas, locales comerciales o espacios públicos.

 

Además, obliga a los municipios a diseñar e implementar planes de gestión del ruido, así como campañas pedagógicas para sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la contaminación auditiva en la salud y la convivencia. La Ley Antiruido también establece sanciones progresivas.

 

Las medidas van desde comparendos hasta multas más severas en casos de reincidencia, con el fin de desestimular conductas que alteren la tranquilidad pública.