Un informe de la Contraloría es el sustento de la imputación de cargos por las irregularidades identificadas en el contrato por más de 44.000 millones de pesos que fue firmado entre la gobernación de Cundinamarca y un grupo de empresas del ya conocido grupo Nule.

 

El contrato firmado durante el mandato de Pablo Ardila en la Gobernación incluía la instalación de tuberías que llevarían el agua a los municipios de la Mesa y Anapoima y que debía estar lista en el año 2009.

 

Según la Fiscalía, la firma del contrato no cumplió con los requisitos legales y ese contrato se incumplió, la gobernación lo suspendió y luego lo adjudicó de nuevo al mismo grupo, encontrándose con un nuevo incumplimiento.