La medida se adopta tras la declaratoria de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026, luego de que un frente frío entre enero y febrero superara los pronósticos oficiales y generara graves afectaciones en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

 

Según el Gobierno, las pérdidas ascienden a $8,3 billones, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo apenas dispone de $668 mil millones, recursos que además ya están comprometidos.

 

El impuesto tendrá una tarifa general del 0,50 % sobre el patrimonio. Sin embargo, para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector petrolero y carbonero la tarifa será del 1,6 %, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

 

Quedan excluidas de esta obligación las empresas del sector salud, las compañías intervenidas por el Estado y las empresas de servicios públicos que operan en municipios declarados en calamidad. El pago deberá realizarse en dos cuotas: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026.

 

En paralelo, el Gobierno anunció una medida adicional para el sector energético. La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, informó que se expedirá un decreto que obligará a las generadoras hidroeléctricas y centrales térmicas ubicadas en cuencas afectadas a transferir un 2 % adicional sobre sus ventas brutas de energía por generación propia durante seis meses.

 

De acuerdo con el Ejecutivo, estos recursos se destinarán a la atención inmediata de la emergencia y a financiar las acciones de recuperación en las zonas más golpeadas por la ola invernal.

 

Foto: Presidencia