El mandatario había viajado a Bogotá para revisar una aparente oferta de maquinaria a bajo costo, pero al llegar al sitio acordado fue intimidado y retenido por varias personas.

 

Horas después de su desaparición, familiares y personas cercanas recibieron llamadas en las que el alcalde exigía el pago de 100 millones de pesos, una situación que generó alertas inmediatas debido a la falta de motivos conocidos para dicha solicitud.

 

Tras la denuncia, el Gaula activó un plan de búsqueda que combinó seguimiento técnico e investigación en terreno.

 

Estas acciones permitieron establecer la ubicación exacta del alcalde y realizar una entrada controlada al inmueble donde permanecía retenido. En el lugar fueron capturados dos hombres encargados de vigilarlo, y posteriormente se detuvo a tres personas más y a un menor de edad que intentaron huir por los techos.

 

Durante el operativo se incautó un arma de fuego, munición y varios celulares presuntamente usados en el secuestro.