El Gobierno nacional habilitó un procedimiento para que los dueños de fincas rurales determinen si sus predios son aptos para ser vendidos al Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

 

El proceso inicia con el diligenciamiento del Formulario Único de Postulación de Predios, trámite con el que la finca entra a evaluación oficial. A partir de allí, la ANT aplica cuatro filtros: revisión jurídica para descartar problemas legales, análisis de acceso y condiciones físicas, evaluación agronómica del suelo y verificación de su viabilidad productiva o de conservación.

 

Si el predio supera esta etapa, se realiza una visita técnica que incluye levantamiento topográfico y catastral. Con esta información, la entidad efectúa un avalúo comercial actualizado y, finalmente, presenta al propietario una oferta formal con el área aprobada, el valor del predio y las condiciones de pago.