En un trabajo conjunto entre la Policía de Bogotá, a través del Gaula, la fiscalía general de la Nación y la Secretaría de Seguridad (Sdscj), se logró la detención de siete mujeres y dos hombres, miembros de la organización llamada "Los Telefonistas".

Durante seis meses de labores de inteligencia, los uniformados desmantelaron el grupo de delincuencia común en un inmueble ubicado en el barrio Piamonte, donde operaba un centro de atención telefónica clandestino que extorsionaba ciudadanos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó: “Este grupo tenía un entramado criminal dedicado a la extorsión, utilizando el nombre de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y el ELN, entre otros, para atemorizar a los ciudadanos”.

El comandante de la Policía de Bogotá, el coronel William Javier Lara, señaló que los presuntos delincuentes creaban cuentas en aplicaciones de pagos para realizar consignaciones y transferencias de dinero de sus víctimas. Durante el allanamiento, se encontró una libreta con datos de más de dos mil personas que podrían ser presionadas para pagos extorsivos.

Durante el procedimiento, se incautaron 24 dispositivos móviles, dos computadores, siete diademas para call center, 250 tarjetas SIM card, 600 folios con bases de datos que contenían información de más de dos mil víctimas y nueve cédulas de ciudadanía, con las cuales aparentemente creaban cuentas de ahorros para recibir el dinero de la extorsión.

También se hallaron 25 cuadernos con libretos extorsivos y registros de sus finanzas criminales, con ingresos estimados en 750 millones de pesos al mes.

Con este golpe, ya suman 208 las capturas por extorsión y secuestro en lo que va del año. Se está logrando revertir la tendencia al alza, reduciendo este delito del 126 % al 85 %.

El alcalde de Bogotá destacó que “esta operación es un gran resultado que nos permite avanzar en los golpes contundentes, como se ha venido haciendo en los últimos seis meses contra el Tren de Aragua y Satanás en Bogotá”.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía general de la Nación y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y prestación, acceso o uso ilegal de los servidores de telecomunicaciones.

Según los datos más recientes del Sistema de Información Estadística Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), el delito de la extorsión presentó un aumento del 79,3%, pasando de 627 denuncias entre enero y junio de 2023 a 1.124 en el mismo periodo de este año.