El alto tribunal exigió al Ministerio de Ambiente y a la Corporación CAR acordar en cuatro meses los lineamientos que guiarán el ordenamiento ambiental de la región más poblada del país.

El Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, superar sus diferencias y concertar en un plazo máximo de cuatro meses los lineamientos ambientales para el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá. Esta región, donde se concentra gran parte de la población del país, llevaba años sin reglas claras por un conflicto entre ambas entidades.

La disputa giró en torno a los llamados “determinantes ambientales”, es decir, normas obligatorias que deben incluirse en los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Mientras el Ministerio impulsaba medidas más restrictivas para proteger ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas, la CAR proponía un enfoque más flexible, ajustado a las dinámicas locales.

Ante el estancamiento, el alto tribunal creó una mesa técnica obligatoria para definir una única regulación. Si no hay acuerdo al finalizar el plazo, se aplicarán de manera provisional los lineamientos del Ministerio.

Con esta decisión, se busca destrabar la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, POT en 47 municipios y garantizar que la Sabana crezca de forma ordenada, con criterios ambientales comunes y jurídicamente sólidos.

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