La suspensión del decreto que buscaba mover recursos desde las AFP reabre el debate sobre sostenibilidad y seguridad jurídica del sistema.

La decisión del Consejo de Estado de suspender el Decreto 0415 detuvo una de las medidas más sensibles del Gobierno en materia pensional. La iniciativa pretendía trasladar millonarios recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, generando preocupación en distintos sectores.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que desde la entidad ya se habían advertido riesgos técnicos y jurídicos frente a la propuesta. Según explicó, el fallo del alto tribunal respalda esas alertas y obliga a replantear el alcance de la medida.

Inicialmente, el traslado contemplaba cerca de 25 billones de pesos, pero tras la decisión judicial el monto se reduciría a unos 5 billones, correspondientes únicamente a afiliados que ya consolidaron su derecho a pensión, en línea con la reforma pensional de 2024.

Rodríguez advirtió que anticipar el uso de estos recursos podría generar presiones sobre las finanzas públicas, especialmente si el Estado asume obligaciones sin el respaldo suficiente del ahorro acumulado. También señaló que, a largo plazo, el sistema enfrentará desafíos como la reducción de aportantes frente al aumento de pensionados.

Otro de los puntos críticos es el posible uso indebido del ahorro pensional. Desde la Contraloría se insiste en que estos recursos tienen una destinación específica y no deberían emplearse para cubrir gastos corrientes, como el pago de mesadas actuales.

A esto se suma la preocupación por la seguridad jurídica. El contralor indicó que decisiones adoptadas en medio de debates legales abiertos pueden generar incertidumbre y afectar la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Finalmente, el organismo de control advirtió que un traslado masivo también tendría efectos en el sistema financiero, ya que estos recursos actualmente están invertidos y contribuyen a la financiación de proyectos productivos.

La Contraloría anunció que intensificará la vigilancia preventiva y posterior sobre cualquier decisión relacionada con el manejo de los recursos pensionales, con el fin de proteger el patrimonio público y garantizar el cumplimiento de la ley.