Señalamientos de una exalta funcionaria desatan tormenta política, citaciones en el Congreso y posibles investigaciones penales.

El país amaneció sacudido por una nueva controversia tras las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien aseguró que al interior del Gobierno operaría una estructura organizada para influir en entidades públicas y apropiarse de recursos del Estado. Según la exfuncionaria, se trataría de un entramado que involucraría a más de 20 personas y que podría configurar delitos como concierto para delinquir.

Dentro de las acusaciones aparece el nombre de Juliana Guerrero, señalada de tener un alto nivel de influencia en decisiones estratégicas del Ejecutivo, incluso en entidades como el Dapre, el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de la Igualdad. Rodríguez también denunció presiones y amenazas en medio de un supuesto intento por apartarla del Fondo de Adaptación, entidad que administra recursos superiores a 1,2 billones de pesos.

Otro de los puntos más delicados tiene que ver con el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, a quien la exfuncionaria acusó de infiltrar a una persona dentro de la entidad para obtener información en su contra. Frente a esto, Carrillo respondió que las denuncias son graves y deben estar acompañadas de pruebas.

El caso ya genera reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos. Expertos advierten que, de comprobarse, los hechos podrían derivar en múltiples procesos penales, mientras crece la presión para que la Fiscalía avance en una investigación que permita esclarecer lo ocurrido. En medio de la controversia, Rodríguez afirmó que el presidente Gustavo Petro estaría ajeno a estas dinámicas dentro de su propio gobierno.

La crisis escaló rápidamente al Congreso, donde fue citado un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Allí deberán comparecer el ministro de Educación, Daniel Rojas, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para responder por los cuestionamientos derivados de las denuncias.

Entre los temas que se abordarán están los presuntos títulos falsos relacionados con Juliana Guerrero, el manejo de millonarios recursos destinados a la prevención de desastres, especialmente en La Mojana, y el polémico contrato conocido como la “ruta del arroz”, que supera los 36 mil millones de pesos y hoy está bajo sospecha por posibles irregularidades.

El Congreso también buscará esclarecer la presunta existencia de un grupo interno que habría intentado incidir en decisiones clave del Gobierno y en el control de recursos públicos, en medio de lo que ya es considerado uno de los episodios más críticos para la administración nacional en lo corrido del año.