La medida relacionada con integrantes de esa estructura armada provocó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y reabrió el debate sobre la política de paz total.

El Gobierno nacional solicitó suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Chiquito Malo, señalado como uno de los máximos cabecillas de esa organización criminal. La petición quedó consignada en la Resolución 120 de 2026, firmada por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en medio de los acercamientos adelantados por la política de paz total.

La solicitud también incluye la suspensión de órdenes de extradición contra algunos de los integrantes del grupo armado. Según la información conocida, las medidas permitirían mantener los contactos con esa estructura ilegal, pese a los cuestionamientos por los hechos de violencia y las actividades relacionadas con narcotráfico que continúan afectando varias regiones del país.

La decisión generó rechazo en distintos sectores políticos. La senadora Paloma Valencia aseguró que esto ya no sería un error, sino una estrategia electoral. El candidato presidencial Mauricio Lizcano afirmó que la medida representa un riesgo para la democracia y la justicia colombiana. Entre tanto, Miguel Uribe Londoño señaló que estas negociaciones ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y debilitan la autoridad del Estado frente a las organizaciones criminales.