El Consejo Gremial Nacional y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) emprendieron acciones legales contra decisiones del Gobierno nacional relacionadas con la declaración de emergencia económica y el incremento del salario mínimo para el año 2026, advirtiendo posibles efectos negativos en la economía y el empleo.

El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a varios sectores empresariales, presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que suspenda de manera provisional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró Estado de Emergencia Económica. Los empresarios argumentan que esta medida excepcional podría permitir el uso excesivo de facultades con fuerza de ley y afectar el orden constitucional y la separación de poderes si se mantiene vigente sin revisión previa.

El documento, dirigido al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del alto tribunal, también pide que cualquier decreto legislativo que se expida amparado en esa emergencia sea suspendido provisionalmente hasta que se decida sobre su constitucionalidad de fondo.

Por otra parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) interpuso una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto que fija el salario mínimo para 2026 con un aumento de 23,7 %, incluido el auxilio de transporte, al considerar que carece de justificación técnica suficiente y podría generar efectos adversos en la economía.

Según Fenalco, la medida podría tener repercusiones en el empleo y en hasta 772.000 puestos de trabajo, además de aumentar la presión sobre los costos empresariales y la inflación.

Estas acciones jurídicas reflejan el malestar del sector privado ante decisiones del Ejecutivo que consideran de gran impacto macroeconómico y que, a su juicio, deberían ser revisadas por las altas cortes antes de producir efectos plenos en la economía nacional.