El proceso judicial avanza por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El proceso judicial está relacionado con una posible violación de los límites de financiación establecidos para las elecciones presidenciales de 2022.

Las investigaciones del Consejo Nacional Electoral, CNE, concluyeron que la campaña habría superado los topes permitidos en más de $5.300 millones. Según el expediente, las irregularidades corresponderían a gastos no reportados en primera y segunda vuelta, además de aportes y movimientos financieros que no fueron registrados ante las autoridades electorales. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz lideraron la ponencia que dio paso a la actuación administrativa.

El CNE confirmó sanciones contra integrantes de la campaña y remitió copias del proceso a la Fiscalía para avanzar en la investigación penal. La autoridad electoral también mencionó posibles faltas relacionadas con financiación prohibida, fraude procesal y omisión de información financiera durante la contienda presidencial.

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