Mientras el Gobierno defiende el sustento técnico de la decisión, 72.600 pensionados ya sienten el impacto en sus mesadas.

El mandatario expidió un nuevo decreto para sostener el salario mínimo legal mensual vigente en $2.000.000, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto inicial por presuntas fallas en su sustentación técnica. Según explicó el jefe de Estado, el nuevo documento incorpora estudios exigidos por el alto tribunal para justificar el incremento del 23,7 %.

Entre los análisis incluidos están investigaciones sobre productividad laboral, la canasta mínima vital y el salario relativo, con el fin de demostrar que el ajuste es viable frente al nivel de producción y al costo de vida en el país. El Gobierno asegura que estos estudios cumplen con los criterios técnicos y constitucionales, sin modificar el monto definido en diciembre de 2025.

El presidente sostuvo que el decreto ahora cuenta con la fundamentación necesaria conforme a la Constitución, que consagra el principio del salario mínimo vital y móvil. El alto tribunal deberá evaluar nuevamente el acto administrativo y determinar si se ajusta plenamente a los requisitos legales para mantenerse vigente.

Sin embargo, el incremento ya genera efectos colaterales. Un total de 72.600 pensionados del régimen de ahorro individual administrado por fondos privados han visto reducidas sus mesadas, según explicó Ricardo Guerra, presidente de Colfondos. En algunos casos, la disminución alcanza hasta el 30 %.

En el sistema privado, las pensiones dependen del capital acumulado, la expectativa de vida y variables actuariales. Con el nuevo salario mínimo y ajustes técnicos como el llamado “deslizamiento del salario”, el costo para adquirir una renta vitalicia equivalente al mínimo pasó de cerca de $350 millones a aproximadamente $550 millones, encareciendo el acceso a una pensión equivalente y reduciendo el ingreso mensual de algunos jubilados.