Entre los cambios más relevantes se encuentra la obligación de registrar los drones que superen determinado peso en la plataforma oficial de la entidad.

Esta medida busca tener mayor trazabilidad sobre los dispositivos que circulan en el país y garantizar un uso responsable. En cuanto a la operación, se mantienen límites estrictos como la altura máxima de vuelo, que debe estar entre los 120 y 123 metros. 

Además, el dron siempre deberá permanecer dentro del campo visual del piloto, evitando maniobras que puedan comprometer la seguridad de otras aeronaves o de las personas en tierra.

Las restricciones también se endurecen en relación con los lugares de vuelo. Queda prohibido operar drones sobre multitudes, en zonas urbanas de alta congestión o en cercanías de aeropuertos sin autorización previa. En muchos casos, se recomienda realizar vuelos en áreas abiertas, alejadas de centros poblados y preferiblemente durante el día.

Otro de los puntos clave es el incremento en las sanciones. La entidad advierte que el incumplimiento de estas normas puede derivar en multas que superan los 20 millones de pesos en situaciones graves, lo que evidencia un mayor rigor frente a las infracciones.

Para quienes utilizan drones con fines comerciales o especializados, las exigencias también aumentan. Será necesario contar con certificación como piloto y formación avalada, lo que apunta a profesionalizar el sector y garantizar operaciones más seguras en todo el territorio nacional.