Alerta en Colombia por presunto “cartel de la insolvencia” que pondría en riesgo el sistema financiero
Gremios advierten sobre una red que estaría usando la ley para evadir deudas y cometer posibles fraudes.
Crece la preocupación en el sistema financiero colombiano tras la denuncia de la Asobancaria sobre la posible existencia de un “cartel de la insolvencia”, una estructura que estaría aprovechando de forma irregular los mecanismos legales para evitar el pago de obligaciones.
De acuerdo con el presidente del gremio, Jonathan Malagón, se han identificado patrones que apuntan a redes conformadas por abogados y centros de conciliación que ofrecerían asesoría para eludir deudas, incluso incentivando a los ciudadanos a adquirir nuevos créditos con ese fin.
El esquema incluiría la creación de empresas ficticias para simular acreencias y así manipular los procesos de insolvencia, afectando directamente a los acreedores reales. Esta práctica podría configurar un fraude que ya estaría impactando sectores como el financiero, proveedores y empresas de telecomunicaciones.
La figura de insolvencia, contemplada como una alternativa legal para personas en crisis económica bajo la Ley 2445 de 2025 y el Decreto 772 de 2020, estaría siendo distorsionada. Según las alertas, algunos supuestos prestamistas aparecen repetidamente en distintos procesos e incluso tendrían antecedentes judiciales o estarían privados de la libertad.
Desde el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, su presidenta Diana Talero advirtió que el uso indebido de esta herramienta debilita la confianza en el sistema y podría encarecer el acceso al crédito para quienes realmente lo necesitan.
Las cifras agravan el panorama: de cerca de 400 casos de insolvencia hace una década, se pasó a unos 20.000 el año anterior, y para 2026 se proyectan más de 30.000 procesos, con un impacto que ya superaría el billón de pesos.
Ante este escenario, el gremio hizo un llamado a reforzar los controles y a los ciudadanos a no caer en ofertas engañosas, recordando que el uso indebido de estos mecanismos puede derivar en consecuencias penales y afectar gravemente el historial crediticio.
Foto: Voz de América
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