Autoridades advierten fallas estructurales, aumento de quejas y posibles hechos de corrupción.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre el deterioro financiero del sistema de salud en Colombia, al revelar que la deuda acumulada oscila entre los 24 y 33 billones de pesos.

La situación impacta directamente a hospitales, clínicas y proveedores, especialmente del sector privado, donde se concentran los mayores retrasos en pagos y el riesgo de cierre de servicios.

Durante una mesa técnica en la Corte Constitucional, la delegada Claudia Vaca advirtió que esta crisis ya se refleja en la atención a los pacientes. Según explicó, se han registrado más de 11.900 quejas relacionadas principalmente con fallas en la entrega de medicamentos, lo que evidencia dificultades persistentes en la garantía del derecho a la salud.

El informe también advierte un incremento en el gasto de bolsillo de los ciudadanos, que pasó de 15,8 % en 2019 a 17,2 % en 2024, superando incluso el 30 % en algunas regiones. Este fenómeno refleja que cada vez más personas deben asumir directamente costos de citas, tratamientos y medicinas ante las fallas del sistema.

A este panorama se suman nuevas alertas de la Fiscalía General de la Nación, que denunció presuntas irregularidades en el manejo de los recursos. El fiscal delegado Jorge Alberto Giraldo reveló posibles inversiones con dineros de la salud en actividades ajenas a la prestación del servicio, así como alteraciones contables para ocultar problemas financieros.

Entre los hallazgos más delicados se menciona la posible existencia de instituciones creadas como fachada dentro de un esquema de “carrusel de contrataciones”, que permitiría cobros indebidos a través de aseguradoras. También se investiga la manipulación de información clínica y la adjudicación de contratos sin cumplir requisitos básicos.

Frente a este escenario, la Defensoría anunció acciones ante la Corte Constitucional, además de un seguimiento riguroso al flujo de recursos y propuestas de reforma para mejorar la transparencia. La crisis reabre el debate sobre la sostenibilidad del sistema y la urgencia de ajustes estructurales que garanticen la atención oportuna a los colombianos.