El deterioro financiero de hospitales y clínicas, impulsado por la falta de pagos de las EPS, ya está afectando la atención médica en la capital.

La crisis del sistema de salud en Bogotá suma un nuevo episodio con la decisión de la Clínica Juan N. Corpas de cerrar de manera progresiva varios de sus servicios asistenciales. La institución confirmó que el ajuste responde al deterioro de su situación financiera, principalmente por la cartera pendiente que adeudan las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La medida contempla restricciones en hospitalización, reducción de especialidades y dificultades en procesos de atención, lo que impacta directamente a los pacientes. Además, los directivos advirtieron que el panorama compromete el pago a proveedores, la compra de medicamentos e insumos, así como la estabilidad del personal médico.

El caso de esta clínica no es aislado. En las últimas horas, otras instituciones de la ciudad han emitido alertas similares, señalando problemas para sostener servicios críticos y unidades de alta complejidad. El común denominador es la falta de liquidez derivada de deudas acumuladas por parte de las EPS, que ya superan los 12 billones de pesos a nivel nacional.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia elevó su preocupación por la situación. Su presidente, Mauricio Lenis, hizo un llamado directo al gobierno del presidente Gustavo Petro para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud, en medio del aumento de tutelas y quejas de pacientes.

Desde el alto tribunal se insistió en que, más allá de los debates políticos sobre reformas, el Estado tiene la obligación inmediata de asegurar la atención médica. Mientras tanto, en Bogotá, la reducción de servicios ya empieza a traducirse en una menor capacidad de respuesta del sistema, profundizando una crisis que avanza sin soluciones claras a corto plazo.