El alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno que fijaba un incremento del 23,7 % para 2026 y dio ocho días de plazo para expedir una nueva norma ajustada a criterios legales y económicos.

La decisión fue adoptada como medida cautelar tras estudiar un paquete cercano a 30 demandas que cuestionan la legalidad del incremento, considerado el más alto en la historia reciente.

El alto tribunal ordenó al Ejecutivo expedir, en un plazo de ocho días calendario, un nuevo decreto transitorio que establezca el porcentaje de aumento mientras se resuelve de fondo el proceso judicial. Según el auto, el Gobierno deberá ceñirse estrictamente a los parámetros económicos y constitucionales definidos en la Ley 278 de 1996 y su desarrollo jurisprudencial.

Las demandas sostienen que el aumento del 23 % no habría cumplido de forma suficiente con criterios técnicos obligatorios como inflación, productividad, crecimiento del PIB y metas macroeconómicas. El Consejo de Estado aclaró que la medida no prejuzga el resultado final del litigio, sino que busca garantizar la efectividad de una eventual sentencia.

El único antecedente similar ocurrió en 2017, cuando el tribunal anuló un decreto de salario mínimo por considerarlo insuficiente y ordenó reajustarlo. En esta ocasión, el debate jurídico gira en torno a si el incremento decretado por el Gobierno respetó los parámetros exigidos por la ley.