Mientras se suspenden cambios que afectarían a millones de usuarios, un caso en la Costa evidencia las demoras críticas en la atención médica.

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del Gobierno que buscaba reorganizar las EPS y habilitar el traslado masivo de pacientes hacia entidades como Nueva EPS, al considerar que la medida podría poner en riesgo la atención de los usuarios.

El alto tribunal advirtió que no existen suficientes estudios técnicos que garanticen la capacidad de las EPS receptoras para asumir una mayor carga en servicios, medicamentos y atención especializada. Además, alertó sobre posibles afectaciones en la continuidad de tratamientos y la libre elección de los afiliados.

La decisión detiene temporalmente el Decreto 0182 de 2026, que establecía límites territoriales para la operación de las EPS y que, en la práctica, podía obligar a redistribuir pacientes según la región. Se estima que más de seis millones de usuarios podrían verse impactados, con cerca de 2,6 millones concentrándose en Nueva EPS.

En medio de este panorama, un caso ocurrido en Soledad, Atlántico, volvió a encender las alarmas sobre las fallas del sistema. Un joven de 24 años falleció tras permanecer varios días en cuidados intensivos esperando la autorización de traslado a un centro de mayor complejidad para una cirugía urgente.

Según denuncias de su familia, las demoras administrativas impidieron que recibiera atención especializada a tiempo, mientras que autoridades locales señalaron dificultades para encontrar una clínica que aceptara el caso. La EPS, por su parte, argumentó que el proceso dependía de la disponibilidad hospitalaria.

Este hecho reabre el debate nacional sobre la capacidad de respuesta del sistema de salud, en un contexto donde las decisiones institucionales y las limitaciones operativas siguen impactando directamente la vida de los pacientes.