El alto tribunal suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno que ordenaba mover cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones

La decisión del Consejo de Estado volvió a sacudir el debate alrededor de la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. La corporación dejó sin efectos, de manera provisional, el Decreto 415 de 2026, con el que se buscaba acelerar el traslado de recursos administrados por las AFP hacia Colpensiones.

Según el tribunal, el decreto modificaba condiciones que ya estaban definidas por ley y avanzaba en el movimiento de recursos sin una autorización expresa del Congreso. Para los magistrados, los ahorros deben permanecer bajo administración de los fondos privados mientras los afiliados no consoliden su derecho pensional.

La suspensión impacta directamente una operación estimada en cerca de 25 billones de pesos, recursos que el Gobierno esperaba incorporar al sistema público como parte de la implementación de la reforma pensional.

Tras conocerse la decisión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que la medida podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema y generar riesgos para el pago de futuras pensiones. Desde el Ejecutivo insisten en que el traslado de recursos hacía parte de los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento del nuevo modelo.

La reacción fue distinta en el sector privado. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, celebró la suspensión total del decreto y aseguró que la decisión protege el ahorro de los trabajadores y evita riesgos sobre los recursos pensionales administrados por las AFP.

La controversia escaló luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente la determinación del Consejo de Estado. Desde la Rama Judicial respondieron haciendo un llamado al respeto por la independencia de poderes y recordaron que las decisiones de las altas cortes deben cumplirse dentro del marco constitucional.

El caso ahora entrará a una nueva etapa judicial. El Consejo de Estado deberá estudiar de fondo si el decreto expedido por el Gobierno se ajusta a la Constitución y a las disposiciones aprobadas en la reforma pensional por el Congreso.