Los hechos podrían dar lugar a acciones legales por parte de la Contraloría.

La Contraloría de Cundinamarca ha identificado irregularidades significativas en tres municipios del departamento. Los hallazgos incluyen el pago de sanciones, intereses moratorios y daño al patrimonio público, según se detalla en el informe definitivo de la auditoría de cumplimiento correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Los hallazgos serán remitidos a la Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Cundinamarca, que evaluará la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.

Detalles de los casos:

Empresa de Servicios Públicos de Chía (EMSERCHÍA):

En el municipio de Chía, se evidenció que el pago de intereses de mora por facturas correspondientes a las vigencias 2017, 2018 y 2019, emitidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), fue realizado de manera extemporánea en 2021. Esta situación generó una afectación al erario público por un valor aproximado de $53 millones.

Municipio de Choachí:

La auditoría en Choachí reveló el pago de sanciones e intereses moratorios a la Superintendencia de Salud (SUPERSALUD) debido a inconsistencias en la información de salud pública necesaria para la inspección, vigilancia y control. Estas multas ascienden a $230 millones, además de otra sanción de $45 millones por no cumplir con la contratación y ejecución oportuna de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en 2018. La SUPERSALUD concedió un plazo de 12 meses para pagar la deuda en cuotas mensuales de $25.579.642. Hasta la fecha de la auditoría, se habían realizado pagos por $153.477.852, lo que podría implicar un daño fiscal significativo.

Municipio de Puerto Salgar:

En Puerto Salgar, la auditoría detectó una lesión al patrimonio público debido a una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente en la liquidación de licencias de construcción. Se encontraron licencias mal liquidadas, irregularidades en las facilidades de pago y problemas con la Estampilla Procultura, lo que evidencia un desconocimiento de los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Local. El daño patrimonial se estima en $83.678.507.

Estos casos demuestran una serie de fallas administrativas que han generado un impacto negativo en los recursos públicos, lo que podría dar lugar a acciones legales por parte de la Contraloría.