La Sala de Casación Penal del alto tribunal rechazó la iniciativa del Gobierno que busca otorgar beneficios a cabecillas de bandas criminales y reincidentes de procesos de paz.

La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Myriam Roldán, ratificó que el alto tribunal no avala el polémico proyecto de Ley de Sometimiento impulsado por el Ministerio de Justicia.

Aunque reconoció la necesidad de avanzar en mecanismos que faciliten la desmovilización y el desmantelamiento de estructuras ilegales, la Corte señaló que la propuesta requiere un debate más profundo y consensos más sólidos.

Entre sus reparos, el tribunal advirtió que incluir a procesados por hechos de protesta social en el mismo marco de criminalidad es una medida estigmatizante e injustificada.

También cuestionó que se busque otorgar beneficios a desmovilizados que reincidieron en actividades ilegales, lo que según la Corte, desconoce la obligación del Estado de garantizar la no repetición.