La Defensoría del Pueblo explicó cómo funciona la Ley 2292 de 2023, que busca beneficiar a mujeres en condición de vulnerabilidad y reducir el hacinamiento carcelario en Colombia.

La entrada en funcionamiento de la llamada “Ley de Utilidad Pública” en Colombia comenzó a generar expectativa entre familias de mujeres privadas de la libertad, especialmente madres cabeza de hogar que podrían acceder a medidas sustitutivas de prisión mediante trabajo comunitario supervisado.

Durante entrevista en el Sistema Informativo Inrai: El Imparcial, la defensora del Pueblo de Cundinamarca, Andrea Cuervo, explicó los alcances de la Ley 2292 de 2023 y aclaró que la norma no representa impunidad, sino un modelo de justicia restaurativa orientado a mujeres en contextos de vulnerabilidad económica y social.

La funcionaria indicó que la medida permite reemplazar la privación intramural de la libertad por servicios de utilidad pública, siempre bajo estricta valoración judicial y cumplimiento de requisitos específicos.

“La norma reconoce una realidad estructural que padecen muchas mujeres vinculadas a conductas delictivas en contextos de pobreza”, afirmó Cuervo durante la entrevista.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La defensora explicó que la ley no aplica automáticamente para todas las mujeres privadas de la libertad. El beneficio está dirigido principalmente a madres cabeza de familia o mujeres responsables del cuidado del hogar que hayan cometido delitos de menor gravedad y que no tengan antecedentes relacionados con criminalidad violenta u organizaciones delincuenciales.

Además, el juez deberá analizar factores como:

• Condición de vulnerabilidad económica.
• Contexto social y familiar.
• Arraigo en su comunidad.
• Disposición para cumplir labores comunitarias.
• Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que dependan de la mujer procesada o condenada.

Entre los delitos que podrían ser objeto del beneficio se encuentran algunos relacionados con porte de estupefacientes en cantidades mínimas, lesiones personales sin agravantes e inasistencia alimentaria. Sin embargo, los delitos considerados graves quedan excluidos de la medida.

Trabajo comunitario en lugar de cárcel

Andrea Cuervo aclaró que el modelo no consiste en un empleo remunerado, sino en actividades sociales y comunitarias supervisadas por las autoridades.

“Lo que se busca es hacer actividades comunitarias previamente definidas, con horarios establecidos y supervisión institucional. Si la persona incumple, pierde el beneficio y regresa a una medida intramural”, señaló.

Entre las labores que podrían desarrollar las beneficiarias están el apoyo en entidades públicas, atención comunitaria, promoción de derechos o trabajos sociales en municipios y barrios.

La defensora destacó que la medida también busca evitar la desintegración familiar y proteger a los hijos de mujeres que son el único soporte del hogar.

“Cuando se condena a una madre cabeza de familia a prisión intramural, también se afectan los derechos de sus hijos, porque quedan desprovistos de la única persona que los estaba cuidando”, afirmó.

Ya hay casos en Cundinamarca.

Aunque las mujeres privadas de la libertad en Cundinamarca suelen ser trasladadas a cárceles de Bogotá, la Defensoría confirmó que ya existen casos en aplicación.

Uno de ellos corresponde a una mujer con arraigo en el municipio de Viotá, quien actualmente cumple labores comunitarias virtuales para la Defensoría del Pueblo mientras permanece junto a su familia.

La funcionaria explicó que familiares, defensores públicos, abogados e incluso jueces pueden solicitar el estudio del beneficio.

Canales de atención

Las personas interesadas en conocer si un familiar puede acceder a esta medida pueden comunicarse con la Defensoría Regional Cundinamarca a través del correo:

• cundinamarca@defensoria.gov.co
• bogota@defensoria.gov.co

También pueden radicar solicitudes mediante la página oficial de la Defensoría del Pueblo.

La entidad reiteró que el objetivo principal de la ley es promover la resocialización, proteger el núcleo familiar y contribuir al deshacinamiento carcelario en el país.