La indagación busca esclarecer estas conexiones y posibles apoyos a campañas políticas.

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, informó que la pesquisa se realiza en colaboración con la comunidad de inteligencia y con total disposición hacia la Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo. Sánchez aseguró que ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública y que la cooperación con criminales constituye una línea roja.

Los archivos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia, incluyen comunicaciones con el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, sobre la creación de empresas fachada para permitir movimientos legales de armamento. Parte de la información también señala conversaciones que involucran a la vicepresidenta Francia Márquez como presunta intermediaria entre disidencias y la campaña presidencial de 2022.

La investigación busca confirmar los hechos y garantizar transparencia y legalidad en las instituciones del Estado.