El Registrador Nacional, Hernán Penagos, anunció que remitirá una solicitud formal de concepto al Consejo de Estado para determinar si la consulta popular impulsada por el Gobierno cumple con los requisitos legales y constitucionales.

En un giro que añade incertidumbre al panorama político nacional, el Registrador Nacional, Hernán Penagos, anunció que la Registraduría solicitará formalmente un concepto al Consejo de Estado para determinar la viabilidad legal y constitucional de la consulta popular promovida por el Gobierno. La decisión, dada a conocer en una rueda de prensa, también implica el envío de la misma solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación.

La iniciativa gubernamental se encuentra ahora en manos de los órganos de control y consulta, quienes deberán emitir un dictamen sobre su apego a la ley. Este proceso se desarrolla en un contexto de intenso debate jurídico y político, donde la legitimidad y pertinencia de la consulta han sido puestas en tela de juicio.

Penagos enfatizó la autonomía e independencia de la Registraduría Nacional, destacando su papel como garante de la neutralidad, confianza y transparencia en los procesos electorales del país. "Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política", aseveró.

Ante las acusaciones de prevaricato vertidas en su contra por no acatar el decreto que convoca a la consulta popular, Penagos respondió: "Entiendo y están en su derecho aquellos que endilgan prevaricato por parte del Registrador… lo que sí les puedo asegurar es que este registrador está actuando en respeto a la Constitución, de manera prudente, entendiendo la circunstancia tan compleja que vive hoy el país".

El Registrador advirtió que la realización de la consulta popular el 7 de agosto, fecha estipulada inicialmente, no sería factible. Argumentó que la Constitución exige un mínimo de tres meses de preparación, dado que este proceso reviste una complejidad similar a la de una elección presidencial o legislativa.

Entre los desafíos logísticos y operativos, Penagos señaló la necesidad de capacitar a 650.000 jurados de votación a nivel nacional, distribuir material electoral en 112.000 mesas de votación, y solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos necesarios, estimados en aproximadamente 750.000 millones de pesos. "Hay que solicitar los recursos, realizar toda la arquitectura presupuestal, construir la logística y luego proceder a llevarla a cabo", explicó.

Dado que restan aproximadamente 53 días para la fecha de convocatoria, el Registrador concluyó que "materialmente, no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística en 53 días". La incertidumbre sobre el futuro de la consulta popular persiste, a la espera de los dictámenes de los órganos consultivos y de control, que definirán su destino legal y político.