La medida fue ejecutada por la Fiscalía General de la Nación y cobija a reconocidos cabecillas del Valle de Aburrá, señalados durante años de liderar estructuras dedicadas a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico urbano y el control territorial en la ciudad.

Los nombres ampliamente conocidos en el mundo criminal, como alias “Tom”, “Douglas” y “Carlos Pesebre”, ahora pasan de ser objetivos de captura a voceros en una mesa de diálogo con el Gobierno, en un giro que muchos califican como polémico y riesgoso.

La suspensión tendrá una duración inicial de seis meses, mientras avanzan las conversaciones en la cárcel de Itagüí. Según el Ejecutivo, el objetivo es reducir la violencia y desmontar las redes criminales, pero la decisión llega en un momento especialmente delicado para la seguridad en Medellín.

Aunque las autoridades insisten en que los procesos judiciales no se suspenden, las críticas arrecian. Voces desde la oposición advierten que esto podría interpretarse como un debilitamiento del Estado frente a organizaciones criminales.