El ente de control pidió ajustes al proyecto que modificaría la forma de comprar vivienda social en el país.

La Procuraduría General de la Nación advirtió riesgos en el proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda que busca cambiar los topes y la forma de comercializar la Vivienda de Interés Social, VIS. La iniciativa plantea fijar precios en pesos y no en salarios mínimos, con el objetivo de dar mayor claridad a los compradores.

El organismo señaló que la propuesta debe fortalecerse en aspectos clave como la seguridad jurídica, el sustento económico con enfoque territorial, las reglas de transición para proyectos en curso y la evaluación de su impacto social. También advirtió que, aunque la medida busca proteger a los compradores, podría generar efectos en la oferta de vivienda y en la viabilidad de proyectos.

Además, la Procuraduría alertó que cambios mal estructurados podrían afectar el acceso de las familias a este tipo de vivienda y generar problemas contractuales o financieros. Por ello, pidió ajustes antes de que el decreto avance, con el fin de evitar impactos negativos en el sector y en los hogares beneficiarios.