La decisión del Ministerio del Interior de ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) abrió una fuerte polémica por sus implicaciones laborales y de seguridad.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó los decretos 0019 y 0020 de 2026, mediante los cuales se crearon nuevos cargos y se modificó la estructura interna de la Unidad Nacional de Protección. Con esta medida, la planta de personal de la entidad se amplía hasta 6.870 puestos.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, la creación de estos nuevos cargos busca fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la UNP, mejorar los esquemas de protección y responder a la creciente demanda de seguridad para personas en situación de riesgo en el país.

Benedetti explicó que la reestructuración se sustenta en estudios técnicos y en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, y que los nuevos cargos permitirán modernizar la entidad y optimizar los procesos internos.

No obstante, la decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores. El exministro de Defensa, Diego Molano, advirtió sobre posibles riesgos en materia de seguridad y expresó reparos frente al impacto que tendría la ampliación de la planta en el funcionamiento de la entidad.

A su vez, organizaciones sindicales, como la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad, alertaron que la creación de nuevos cargos podría ir acompañada de la supresión de puestos actuales, lo que pondría en riesgo la estabilidad laboral de trabajadores con amplia experiencia dentro de la UNP.

Mientras avanza la implementación de los decretos, sindicatos y sectores políticos piden mayor claridad sobre los criterios de vinculación y el impacto real de los nuevos cargos en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.