La Procuraduría General de la Nación requirió a la Superintendencia Nacional de Salud ejercer vigilancia estricta sobre la Nueva EPS, ante posibles riesgos en la prestación de servicios y en la gestión financiera que podrían afectar a más de 11 millones de afiliados.

El llamado del Ministerio Público se produce tras reiterados requerimientos a los directivos de Nueva EPS para garantizar el derecho fundamental a la salud de sus usuarios. La Procuraduría pidió a la superintendente delegada Ad Hoc para esa entidad, Luz Marina Munera, adoptar medidas de vigilancia y control sobre los planes de acción implementados por la EPS.

Entre los puntos clave solicitados está el cierre, certificación y aprobación de los estados financieros correspondientes a las vigencias 2023 y 2024, así como la legalización de anticipos entregados a la red prestadora, proveedores de servicios y tecnologías en salud.

También se requirió información detallada sobre la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, su auditoría y contabilización, además del avance en el plan estratégico de modernización tecnológica.

La Procuraduría otorgó un plazo de cinco días hábiles para remitir el informe solicitado, en un contexto de creciente presión sobre el sistema de salud y de seguimiento especial a las EPS con mayor número de afiliados en el país.