La decisión se produce tras el hundimiento de la reforma a la salud y abre un nuevo frente de discusión sobre el sistema.

El mandatario fue enfático en que el Estado no asumirá las deudas acumuladas por estas entidades, las cuales superarían los $50 billones. Según explicó, se trata de obligaciones privadas que no deben trasladarse a la Nación ni a los ciudadanos.

Actualmente, varias EPS se encuentran bajo medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud debido a su situación financiera. Entre ellas figuran Sanitas, intervenida desde 2024; Famisanar, bajo vigilancia; Savia Salud y Asmet Salud, con dificultades críticas; así como Emssanar y el Servicio Occidental de Salud (SOS), también bajo intervención estatal.

En este panorama, el Gobierno plantea que la Nueva EPS continúe operando como la principal entidad del sistema, bajo control estatal, mientras se define el futuro de las demás aseguradoras.

Las medidas serán evaluadas caso por caso, pero ya han generado preocupación en distintos sectores, que advierten sobre la incertidumbre en la atención de cerca de 25 millones de afiliados y los retos para garantizar la continuidad del servicio de salud en el país.