Gremios económicos advierten riesgos para la inversión y la confianza mientras el Gobierno activa medidas fiscales extraordinarias en medio de la emergencia climática.

En un escenario marcado por la presión sobre las finanzas públicas, el Gobierno nacional puso en marcha un paquete de tributos con el objetivo de financiar la atención de la emergencia climática y cubrir necesidades urgentes del presupuesto.

Las decisiones llegan en un momento de estrechez fiscal, lo que ha llevado a implementar medidas de carácter excepcional.

Desde el sector empresarial, comenzaron a surgir advertencias sobre posibles efectos colaterales. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su preocupación por la posibilidad de que se introduzcan cambios en el manejo de los recursos sin los controles habituales. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, señaló que este tipo de decisiones puede aumentar la incertidumbre entre los empresarios.

A esta inquietud se suma el panorama internacional. La Cámara de Comercio Colombo Americana reportó una caída significativa en la inversión proveniente de Estados Unidos durante 2025, situación que atribuye a la inestabilidad en las reglas fiscales y regulatorias. Según su presidenta, María Claudia Lacouture, este contexto estaría afectando la llegada de nuevos capitales al país.

Entre las medidas adoptadas, se destaca la creación de un impuesto del 16 % al consumo para los juegos de suerte y azar en línea, el cual se aplicará directamente sobre los depósitos que realicen los usuarios en plataformas digitales. Esto representa un incremento inmediato en los costos para quienes participan en este tipo de actividades.

El paquete también contempla la ampliación del impuesto al patrimonio, que ahora incluirá a empresas extranjeras con operaciones en Colombia. Adicionalmente, se estableció una normalización tributaria del 19 % dirigida a activos no declarados, junto con mecanismos que buscan facilitar el pago de obligaciones pendientes ante la DIAN.

En paralelo, el Ejecutivo prepara una nueva reforma tributaria que será presentada ante el Congreso una vez se instale el próximo periodo legislativo el 20 de julio. Con esta iniciativa, el Gobierno busca cerrar el déficit fiscal y garantizar el financiamiento de sus programas, en medio de un entorno económico que sigue generando debate entre autoridades y sectores productivos.