Las Autoridades piden frenar el reclutamiento infantil tras bombardeo
La discusión sobre protección a menores toma fuerza en el Congreso, donde se advierte un aumento de riesgos y se reclama una respuesta conjunta del Estado y las instituciones.
Durante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la defensora del Pueblo, Iris Marín, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, piden a los grupos armados detener el reclutamiento de menores tras el reciente bombardeo en el Guaviare.
Iris Marín señala que los bombardeos son permitidos por el Derecho Internacional Humanitario, pero advierte que cuatro operaciones recientes dejan más adolescentes fallecidos y plantea que el Estado debe revisar estas acciones para evitar más riesgos.
La defensora afirma que existe un fracaso en la política de prevención y propone unir esfuerzos para rescatar a los niños, niñas y adolescentes que siguen en poder de grupos ilegales.
Astrid Cáceres, por su parte, insiste en que se señale un lugar y una hora para recibir a los menores que permanezcan en zonas de conflicto. La directora explica que el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia continúa con prácticas de reclutamiento.
Además, informa que de los 370 menores vinculados al programa de desvinculación durante 2025, 34 se retiran voluntariamente para regresar a grupos armados. Las instituciones concluyen que es urgente reforzar las estrategias de protección y prevención.
Sobre esta discusión política, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui intervino para fijar la posición de su bancada frente a la permanencia del ministro de Defensa, introduciendo un mensaje en el que expuso las razones del Centro Democrático para no acompañar la iniciativa y cuestionó el enfoque del debate que se adelanta en el Congreso.
Durante una intervención que generó reacciones entre los congresistas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al estado de la política de “paz total” del Gobierno Nacional. El funcionario aceptó que las críticas podrían tener fundamento.
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