La Secretaría de Transparencia de la Presidencia reveló posibles anomalías en el contrato de concesión de la Variante de Chía, parte del proyecto Accesos Norte a Bogotá, lo que prende alertas sobre el manejo de estos recursos.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, presentó un análisis que señala dos hallazgos críticos en la gestión de la Variante de Chía.

El primero apunta a la presunta aprobación irregular del Acuerdo 100 de 2016, que habría permitido un volteo de tierras al favorecer intereses privados mediante cambios en el ordenamiento territorial. El segundo cuestiona el Convenio Interadministrativo 019 de 2017, firmado entre el municipio y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que habría cedido de forma gratuita terrenos públicos para una vía nacional incluida en una APP sin aportes estatales.

De confirmarse, estas irregularidades podrían ocasionar un grave detrimento patrimonial para Chía y acarrear responsabilidades disciplinarias y penales. Idárraga recalcó que el propósito no es frenar la obra, sino garantizar que los proyectos estratégicos se ajusten a la ley.

Las revelaciones abren la puerta a un eventual control judicial y reavivan la polémica sobre la gestión de las grandes concesiones viales en el país.