La deuda acumulada de las entidades promotoras de salud mantiene en riesgo la atención de pacientes y la estabilidad de la red pública hospitalaria.

El gobernador de Cundinamarca indicó que, a agosto de 2025, los hospitales del departamento enfrentaban una cartera pendiente superior a 1,2 billones de pesos por parte de las Entidades Promotoras de Salud.

Según la administración, cerca del 60 % de los servicios prestados seguía sin pago oportuno, lo que limitaba la compra de insumos y la continuidad de tratamientos médicos.

Un caso crítico se presentó en el hospital de Villeta, donde la Gobernación tuvo que transferir 600 millones de pesos en diciembre de 2024 para garantizar el pago de salarios, vigilancia y aseo.

Esa intervención evitó la suspensión de servicios básicos y de especialistas durante dos meses.

La situación se repite en varios hospitales del territorio, que cuentan con equipos e infraestructura, pero sin recursos suficientes para operar con normalidad.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Ana María Vesga, explicó que las tutelas en salud crecieron 16 % entre mayo de 2024 y mayo de 2025, reflejando mayores dificultades de los usuarios para acceder a la atención.