En los próximos días se espera que se anuncien nuevas decisiones para equilibrar el desarrollo vial del país con las necesidades económicas de los ciudadanos.

El reciente aumento en las tarifas de peajes en Colombia ha desatado una ola de descontento entre conductores y empresarios del sector transporte. Este ajuste, que se ha popularizado por su impacto negativo en las finanzas de los usuarios, suscitó la atención del Gobierno Nacional, que se encuentra evaluando posibles soluciones para mitigar las consecuencias de este incremento.

En una reunión, representantes del gobierno, incluidos la ministra de Transporte, María Constanza García, y otros funcionarios de alto nivel, analizaron el impacto económico que genera este incremento. La ministra explicó que el aumento aprobado del 60% del IPC correspondiente a 2023 afecta principalmente a ocho peajes vinculados a concesiones con aumentos contractuales. Este descontento fue confirmado por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, donde calificó los contratos firmados en 2014 como "mal hechos y leoninos".

Frente a la inquietud de la ciudadanía, la ministra García expresó su intención de convocar a seis concesionarios para evaluar las tarifas, buscando un diálogo que permita encontrar soluciones efectivas. Entre las posibles medidas que se están considerando se incluyen ajustes adicionales a las tarifas, subsidios para sectores específicos y estrategias para mitigar los efectos en las regiones más afectadas.

El gobierno ha decidido mantener abiertos los canales de comunicación con los gremios del transporte, centrándose en aspectos relacionados con el Decreto 173 sobre el transporte de carga. Importante es también la participación de la Defensoría del Pueblo, que actuará como veedora para asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo.

La población afectada permanece a la expectativa de nuevas decisiones que el gobierno anunciará en los próximos días. La espera se centra en un equilibrio entre el desarrollo de la infraestructura vial del país y las necesidades económicas de los colombianos, en un contexto donde la movilidad y el costo del transporte son elementos clave para el crecimiento y bienestar social.