Se espera que los Gestores Fiscales adopten medidas para evitar daños al patrimonio público.

La contraloría general de la república encontró inminentes riesgos que afectarían a los recursos ya invertidos en el proyecto de construcción del Acueducto Regional La Mesa – Anapoima.

Según el ente de control se podría perder la inversión realizada hasta ahora por $71.871.440.369, pues dependen de la aprobación de otra reformulación que adicione recursos y prorrogue el término contractual.

"El contrato tenía prevista como fecha de terminación el 20 de marzo de 2023, sin embargo, el día 15 de marzo se suscribió una nueva modificación a los contratos de obra e interventoría por tres meses más, es decir, hasta el 19 de junio de 2023", detalló la Contraloría.

Según la entidad, “el contrato tenía prevista como fecha de terminación el 20 de marzo de 2023, sin embargo, el día 15 de marzo se suscribió una nueva modificación a los contratos de obra e interventoría por tres (03) meses más, es decir, hasta el 19 de junio de 2023”.

La contraloría considera que posiblemente en este plazo no sería viable cumplir con el objeto contractual, en otras palabras, la construcción y puesta en marcha de la misma podría no estar terminada para el 19 de junio del año en curso.

En el marco de esta Advertencia, se espera que los Gestores Fiscales (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.), en el marco de sus competencias y autonomía, adopten las medidas que consideren procedentes para evitar que los riesgos identificados y los daños al patrimonio público se materialicen.

El seguimiento permanente que ha realizado la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, evidencia la configuración de los siguientes riesgos:

De no poderse concluir el proyecto, se afectará a cerca de 100.000 habitantes de los municipios que tienen la expectativa de acceder al servicio de agua potable desde el año 2006, como mejora en la calidad de vida.

Igualmente, con las variaciones hechas al proyecto, el costo del metro cúbico de agua será superior al inicialmente previsto, impactando con ello la economía de la población.

También se observa que el caudal puede ser insuficiente para cubrir el consumo actual de la población que se prevé sea para el presente año de 127,72 litros por segundo, frente a 43,75 litros por segundo que suministraría la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, es decir, solo se cubriría un 34% de la demanda.

Se observa igualmente un impacto ambiental, debido a las obras adelantadas en el sector denominado Chivo Negro en el municipio de Bojacá, toda vez que se realizaron tratamientos silviculturales y siembras de individuos arbóreos, que hoy -ante los retrasos del proyecto- evidencian su crecimiento sobre el eje de la tubería instalada, haciendo necesario removerlos para la ejecución de los trabajos. Este tratamiento forestal (tala y/o bloqueo y traslado), podría generar un impacto negativo en la línea de base ambiental actual del sector.

También se denota una connotación económica, debido a la falta de planeación reflejada en la precariedad de los estudios previos desde el inicio del proyecto, y las distintas situaciones de retraso y adiciones en tiempo y recursos, que amenazan la puesta en funcionamiento de la obra contratada.

Los atrasos en la determinación del estado de la tubería instalada en años anteriores, pueden generar incremento en los costos finales y la ampliación del término de la ejecución del proyecto. Igualmente, al no ser suficientes los estudios para conocer las condiciones de sitio, puede implicar mayores costos por excavaciones y demoliciones adicionales.

Los atrasos y demoras en la obtención de los permisos, pueden retardar aún más las obras.

El incremento de la tarifa de acueducto, afectara a los municipios que deberán disponer más recursos para cubrir los subsidios aprobados para los usuarios, afectando así la posibilidad de destinarlos para realizar otras inversiones.