Las penas no implican cárcel, pero incluyen restricciones de movilidad, residencia y trabajo, así como la obligación de cumplir proyectos restaurativos en beneficio de las víctimas y las comunidades.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, condenó a siete excomandantes de las Farc a ocho años de sanción propia por secuestros y otros crímenes durante el conflicto armado.

Los proyectos ordenados en el marco de la restauración, se enfocan en búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, restauración ambiental y memoria simbólica. La JEP explicó que la decisión busca dignificar a las víctimas, aportar a la verdad y prevenir la repetición de los crímenes, bajo supervisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, con participación de la ONU y la sociedad civil.

La sentencia generó rechazo de víctimas y políticos que cuestionan la proporcionalidad de las sanciones frente a los daños causados. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió la medida como parte del modelo acordado en La Habana, asegurando que contribuye a la reparación, la verdad y la paz duradera.