El municipio de Soacha fue el primero en el país sancionado por la Superintendencia debido a una actualización catastral deficiente.

La congresista Alexandra Vásquez ha hecho una grave denuncia respecto a la calidad de la información utilizada para calcular el impuesto predial en 25 municipios de Cundinamarca. Según la legisladora, la Gobernación de Cundinamarca podría enfrentar sanciones similares a las recientemente impuestas al municipio de Soacha, en virtud de los hallazgos confirmados por la Superintendencia de Notariado y Registro.

Vásquez reveló que los datos catastrales actualizados en los 25 municipios, los cuales están incluidos en el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), presentan serias deficiencias. La congresista explicó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha admitido que la calidad de la información es inadecuada, resaltando que ningún municipio posee más del 52 % de calidad en los datos proporcionados por la Agencia Catastral de Cundinamarca. Esta situación es especialmente grave ya que dicha información fue utilizada para la liquidación de impuestos prediales, lo que ha afectado directamente a la comunidad.

Ante esta alarmante situación, Vásquez anunció que llevará este asunto a la Superintendencia de Notariado y Registro con el fin de solicitar la inhabilitación de la entidad responsable de la gestión catastral en Cundinamarca. "Es fundamental que el Gobierno nacional evalúe cómo está funcionando el catastro multipropósito en el país, especialmente bajo la dirección de Gustavo Adolfo Marulanda, quien ya ha sido responsable de sanciones por actualizaciones deficientes," insistió la congresista.

Cabe recordar que el municipio de Soacha fue el primero en el país sancionado por la Superintendencia debido a una actualización catastral deficiente, lo que resultó en una multa de más de 700 millones de pesos, un costo que recaerá en los ciudadanos a través de sus impuestos.

Los municipios afectados por datos catastrales de baja calidad incluyen Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Chaguaní, Facatativá, Fómeque, Guaduas, Guatavita, Nemocón, Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, Quipile, San Antonio del Tequendama, Subachoque, Supatá, Sutatausa, Tausa, Tibacuy, Tibiritá, Tocaima, Vergara, Villa de San Diego de Ubaté y Villeta.

La denuncia de la congresista plantea un llamado de atención urgente para las autoridades competentes a fin de abordar y resolver las serias problemáticas que surgen de la gestión catastral en Cundinamarca, buscando garantizar así que los ciudadanos no sean penalizados por deficiencias administrativas. La transparencia y la calidad de los datos catastrales son esenciales para un sistema impositivo justo y equitativo.