Productores rechazan el acuerdo de precios avalado por el Gobierno y advierten posibles nuevas movilizaciones en las regiones arroceras.

El reciente aval del Gobierno al acuerdo de precios mínimos entre Fedearroz e Induarroz ha generado una fuerte división en el sector arrocero. La medida, presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio como un mecanismo para garantizar ingresos y estabilidad a los productores, fue respaldada además por el Ministerio de Agricultura.

El acuerdo autoriza a la industria y a los gremios a fijar un precio de compra base para el arroz. Sin embargo, organizaciones como Dignidad Arrocera aseguran que esos valores se encuentran entre un 10 % y un 16 % por debajo de lo pactado durante el paro pasado y de lo establecido en la resolución oficial sobre el arroz paddy verde. En algunas zonas, incluso, los precios serían inferiores a los que estaban vigentes antes de las protestas.

Ante este panorama, los colectivos anunciaron que convocarán asambleas regionales para definir acciones, acudirán a la justicia para pedir la nulidad de la resolución de la SIC y exigirán al Ejecutivo cumplir lo firmado. Según sus voceros, el Gobierno terminó “cediendo a los intereses de la gran molinería”, debilitando la confianza del campesinado en los procesos de concertación.

Aunque el acuerdo busca blindar la seguridad alimentaria, el rechazo de un sector amplio de productores refleja el riesgo de que el malestar social vuelva a expresarse en las carreteras del país. Las próximas semanas serán claves para determinar si la negociación logrará contener la inconformidad o si, por el contrario, se abre la puerta a un nuevo ciclo de movilizaciones.