La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre la situación administrativa y financiera de la Nueva EPS, luego de un operativo de policía judicial.

La Contraloría recaudó más de 4.500 archivos relacionados con aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de la entidad.

El análisis preliminar evidenció un aumento significativo en anticipos pendientes por legalizar, que pasaron de 3,4 billones de pesos en 2023 a 15,27 billones de pesos en el primer semestre de 2025, lo que compromete la liquidez. Además, 22,1 billones de pesos en facturas de servicios de salud aún no han sido revisadas, de los cuales 8,9 billones corresponden a duplicados.

La Contraloría detectó también deficiencias en contratos, reservas técnicas y capacidad tecnológica para garantizar la calidad de la información. La alerta busca prevenir un posible detrimento patrimonial y asegurar la continuidad de los servicios de salud, mientras se remite la información a las autoridades para posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.