La discusión se ha intensificado de manera notable tras el trágico asesinato de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca.

En un contexto de creciente preocupación por la protección de los menores en Colombia, más de 120 congresistas de diversas corrientes políticas han presentado una propuesta para eliminar el artículo 7 de la reforma a la justicia. Esta disposición, promovida por el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, plantea reducciones de hasta el 50% en las penas por delitos graves cometidos contra niños, lo que ha suscitado un debate intenso sobre la efectividad y la ética del sistema penal en el país.

La congresista Carolina Arbeláez, representante del partido Cambio Radical y una de las principales impulsoras de esta iniciativa, se ha manifestado abiertamente en contra de las rebajas de pena. Arbeláez argumentó que "no tiene ningún tipo de sentido que se estén buscando beneficios de este tipo", resaltando el consenso creciente entre los legisladores sobre la necesidad de mantener penas severas frente a delitos que atentan contra la integridad de los menores.

La discusión se ha intensificado de manera notable tras el trágico asesinato de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca. Este doloroso suceso ha puesto en la mira la vulnerabilidad de los menores en el país y la urgencia de establecer un sistema de justicia que priorice su protección. En este marco, Arbeláez hizo un llamado a todas las instancias de la rama judicial para llegar a consensos que fortalezcan una justicia especializada y eficaz.

Durante una reciente audiencia pública, Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, defendió la necesidad de la reforma, argumentando que esta busca ofrecer respuestas inmediatas a los deseos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, añadió que las reducciones propuestas son "moderadas" en un contexto en el que las penas son consideradas excesivamente altas. No obstante, estos argumentos no han logrado persuadir a los opositores, quienes advierten que tal reducción podría enviar un mensaje peligroso al público sobre la gravedad de los delitos contra menores.

La reforma, actualmente bajo estudio en la Comisión Primera del Senado, será debatida en los próximos días para determinar el futuro del artículo 7. Los parlamentarios que apoyan la eliminación del artículo han advertido que intensificarán sus esfuerzos para descartar esta disposición si se mantiene en el texto legislativo.

El futuro de esta propuesta legislativa sigue siendo incierto; sin embargo, la presión creciente de los congresistas indica que el debate sobre la protección de los menores y la eficacia del sistema judicial en Colombia está lejos de llegar a una conclusión. La sociedad civil observa atentamente, esperando que el Congreso priorice el bienestar y la seguridad de los más vulnerables.

Este martes se llevó a cabo una reunión en el Palacio de Justicia entre los senadores de la Comisión Primera, donde se discutió la propuesta en la que participaron relevantes figuras del sistema judicial, incluyendo a Gerson Chaverra, Luz Adriana Camargo y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Durante este encuentro, los congresistas manifestaron sus posturas y se centraron en el controversial artículo 7. El senador Carlos Fernando Motoa presentó tres posibles caminos que podría seguir la Comisión: eliminar completamente el artículo 7, aprobar las disposiciones propuestas por los autores, o mantener un principio de oportunidad solo en casos que involucren la desarticulación de bandas criminales.

A medida que avanza la discusión en la Comisión, se espera que se tomen decisiones críticas que marquen el rumbo de la justicia en Colombia, especialmente en casos que afectan a la infancia, un tema que ha cobrado una relevancia significativa en el debate público.